Arbitraje como Derecho

Califica este libro

Arbitraje como Derecho

Esta es la segunda parte del articulo escrito por Jose Manuel Otero y publicado en abogados.es. La primera parte se encuentra en Tutela Arbitral Efectiva.

“Y la repuesta es evidentemente afirmativa: en la Constitución existe un
precepto con este alcance: el artículo 1.1 de la CE que declara que la libertad y la
justicia son valores supremos del ordenamiento jurídico español. Pues bien, en
uso de este valor supremo de la libertad, todo ciudadano español puede resolver
un conflicto jurídico, o, lo que es lo mismo, solicitar que se le administre justicia,
a través de un procedimiento privado basado en la autonomía de la
libertad y reconocido por la ley ordinaria, que es el arbitraje. Así lo ha señalado
el profesor Cremades, en un excelente trabajo titulado “Aspectos Constitucionales
del Arbitraje en España”, publicado en el homenaje a Norbert Horn en su 70
cumpleaños. Y en el mismo sentido, el profesor Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos
(Comentario a la Ley de Arbitraje, coordinado por De Martin/Hierro, Ed.
Marcial Pons, Madrid 2006, p.40) ha afirmado recientemente que “la Constitución,
en la cúspide del ordenamiento, aun cuando no contenga una referencia explícita
al arbitraje, sí debe habilitar la integración de la función arbitral, de configuración legal, en el seno de una más amplia función jurisdiccional orientada a la defensa de los Derechos subjetivos a la realización de la justicia y, en fin a la preservación de la tutela
judicial efectiva mediante una diversidad de procedimientos de configuración
legal que comprenden la regulación del arbitraje”.
En consecuencia, es claro que, a pesar de lo que dice el artículo 117.1 de la CE,
todo ciudadano, para conseguir que se le administre justicia, puede optar por dos
caminos: acudir a la jurisdicción del Estado sometiéndose a lo que decidan los
jueces y magistrados o convenir, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que
sean uno o más árbitros los que decidan el conflicto. Pero –y esto es lo que conviene
subrayar- uno y otro están integrados en el sistema constitucional de administración de justicia: el primero está expresamente contemplado en la Constitución, y el segundo, a través del juego de la libertad que es uno de los valores supremos de nuestra Constitución.

En este sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, en numerosas
sentencias, como por ejemplo la sentencia 174/1995, de 23 de noviembre, en la que señala que el arbitraje es “un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la libertad de las partes, como declaramos en nuestra sentencia 43/1988, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o los árbitros. En este sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias ocasiones, el árbitro se considera
“un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener
los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es la obtención de
una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”.

Ahora bien, aunque el Tribunal Constitucional califica el arbitraje como un
“equivalente jurisdiccional”, lo cierto es que el hecho de que los árbitros no sean
un órgano del Estado, tiene, al menos, dos importantes repercusiones en relación
con la propia justicia constitucional. La primera es que el laudo arbitral, en
cuanto tal, tiene cerrado el acceso directo al recurso de amparo para dilucidar si
el tribunal arbitral vulneró los derechos fundamentales. En este sentido, la sentencia
del Tribunal Constitucional 176/1996, de 11 de noviembre, señaló que “este Tribunal carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo”.

Más sobre el arbitraje:

Tutela arbitral efectiva

Tutela arbitral efectiva Estupendo articulo de fondo sobre el arbitraje escrito por Jose Manuel Otero Lastres en abogados.es Una lectura superficial y apresurada de la Constitución Española de 1978 podría producir la sorprendente y errónea impresión de que arbitraje no es una institución para administrar la justicia. En efecto, el artículo 117.1 de …

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *