Limites al Arbitraje

Limites al Arbitraje

Tercera parte del articulo de Jose Manuel Otero sobre la tutela arbitral efectiva publicado en abogados.es

“Por esta razón, el Tribunal Constitucional solamente podría revisar en amparo las eventuales vulneraciones que se hubieran realizado en el recurso jurisdiccional de anulación del laudo. Así lo indica la sentencia que se acaba de reseñar,
cuando señala “Sólo en la medida, bien escasa como veremos, en que las
supuestas vulneraciones alegadas sean referibles a la actuación de órgano jurisdiccional
que conoció el recurso de nulidad frente al laudo, estará justificado
que este Tribunal enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela
judicial, o la prestación de dicha tutela por órgano judicial no legalmente predeterminado. Aquello que por voluntad expresa de las partes, se difiere al ámbito
del proceso arbitral, por esa misma volunta expresa de las partes queda sustraído
al conocimiento del Tribunal Constitucional”.

La segunda consecuencia es que los tribunales arbitrales carecen de legitimación para plantear directamente cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo cual compete en exclusiva a los Jueces y Tribunales. En este sentido, es interesante
recordar el Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 20 de julio de
1.993, en la que se dice: “la función que ejerce el árbitro es parajurisdiccional o
cuasi-jurisdiccional y en este “casi” está el quid de la cuestión. Efectivamente, la
inexistencia de jurisdicción en sentido propio se traduce en la carencia de potestas
o poder. El árbitro, que no nos puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad
por estar reservada a los órganos judiciales (art. 163 CE)…, necesita además del brazo secular del juez para dotar del juez para dotar de eficacia al laudo, mediante la adición o
estrambote de una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una fase
netamente procesal, en un proceso de ejecución, porque solo a los jueces corresponde
hacer ejecutar la juzgado”.

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA “ARBITRAL” EFECTIVA

Como ya hemos dicho, el artículo 24.1 de la Constitución española dispone que
“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión”.

La simple lectura de esta norma constitucional permite afirmar la indiscutible
naturaleza judicial de esta derecho fundamental. Lo que cabe plantear es si
estamos ante un derecho fundamental cuya garantía solo puede obtenerse por
vía judicial o si, por el contrario, estamos ante un derecho que debe ser garantizado
a todo ciudadano que pretenda la obtención de justicia, aunque para ello
opte por el procedimiento arbitral que le ofrece la ley ordinaria.

Esta cuestión es ciertamente compleja y está conectada con la configuración
misma de este derecho fundamental. El Tribunal Constitucional ha declarado, en
numerosas sentencias (entre otras, 991/1985, 501/1990, 1491/1995 y
176/1996), que “el derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad,
ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho
prestacional, solo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción
a su concreto ordenación legal”. La consecuencia de esta configuración del
derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho “prestacional” es que solo
cabría invocar este derecho fundamental del artículo 24.1 en el marco de la
actividad jurisdiccional del Estado. Esta es, por lo demás, la postura del Tribunal
Constitucional en la reciente sentencia 9/2005, de 17 de enero, en la se señala
que “aquello que por voluntad de las partes se difiera al ámbito del proceso
arbitral, por esa misma voluntad expresa de las partes queda sustraído al
conocimiento del Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo en
el que se invoquen las garantías del artículo 24.1 CE cuyas exigencias se dirigen
en principio a la actividad jurisdiccional estatal…, limitando la posibilidad de
amparo a “aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones
para las cuales la ley prevé la intervención jurisdiccional de los órganos
judiciales del Estado, entre las más relevantes, la formalización judicial del
arbitraje, el recurso o acción de anulación y la ejecución forzosa del laudo”.

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Arbitraje como Derecho

Arbitraje como Derecho

Esta es la segunda parte del articulo escrito por Jose Manuel Otero y publicado en abogados.es. La primera parte se encuentra en Tutela Arbitral Efectiva.

“Y la repuesta es evidentemente afirmativa: en la Constitución existe un
precepto con este alcance: el artículo 1.1 de la CE que declara que la libertad y la
justicia son valores supremos del ordenamiento jurídico español. Pues bien, en
uso de este valor supremo de la libertad, todo ciudadano español puede resolver
un conflicto jurídico, o, lo que es lo mismo, solicitar que se le administre justicia,
a través de un procedimiento privado basado en la autonomía de la
libertad y reconocido por la ley ordinaria, que es el arbitraje. Así lo ha señalado
el profesor Cremades, en un excelente trabajo titulado “Aspectos Constitucionales
del Arbitraje en España”, publicado en el homenaje a Norbert Horn en su 70
cumpleaños. Y en el mismo sentido, el profesor Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos
(Comentario a la Ley de Arbitraje, coordinado por De Martin/Hierro, Ed.
Marcial Pons, Madrid 2006, p.40) ha afirmado recientemente que “la Constitución,
en la cúspide del ordenamiento, aun cuando no contenga una referencia explícita
al arbitraje, sí debe habilitar la integración de la función arbitral, de configuración legal, en el seno de una más amplia función jurisdiccional orientada a la defensa de los Derechos subjetivos a la realización de la justicia y, en fin a la preservación de la tutela
judicial efectiva mediante una diversidad de procedimientos de configuración
legal que comprenden la regulación del arbitraje”.
En consecuencia, es claro que, a pesar de lo que dice el artículo 117.1 de la CE,
todo ciudadano, para conseguir que se le administre justicia, puede optar por dos
caminos: acudir a la jurisdicción del Estado sometiéndose a lo que decidan los
jueces y magistrados o convenir, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que
sean uno o más árbitros los que decidan el conflicto. Pero –y esto es lo que conviene
subrayar- uno y otro están integrados en el sistema constitucional de administración de justicia: el primero está expresamente contemplado en la Constitución, y el segundo, a través del juego de la libertad que es uno de los valores supremos de nuestra Constitución.

En este sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, en numerosas
sentencias, como por ejemplo la sentencia 174/1995, de 23 de noviembre, en la que señala que el arbitraje es “un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la libertad de las partes, como declaramos en nuestra sentencia 43/1988, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o los árbitros. En este sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias ocasiones, el árbitro se considera
“un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener
los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es la obtención de
una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”.

Ahora bien, aunque el Tribunal Constitucional califica el arbitraje como un
“equivalente jurisdiccional”, lo cierto es que el hecho de que los árbitros no sean
un órgano del Estado, tiene, al menos, dos importantes repercusiones en relación
con la propia justicia constitucional. La primera es que el laudo arbitral, en
cuanto tal, tiene cerrado el acceso directo al recurso de amparo para dilucidar si
el tribunal arbitral vulneró los derechos fundamentales. En este sentido, la sentencia
del Tribunal Constitucional 176/1996, de 11 de noviembre, señaló que “este Tribunal carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo”.

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Como pedir el nuevo DNI electronico?

Como puedo pedir el nuevo DNI electronico de España?

CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO.

El ciudadano que solicite por primera vez una CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO y, por tanto, los certificados electrónicos asociados, deberá enviar por fax los siguientes documentos:

DNI anterior. (frente y detras)

En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, Certificado de empadronamiento (la validez de este documento es de 3 meses a partir de la fecha de su expedición).

Numero de telefono o Correo electrónico (e-mail)

91 14 14 245
Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentaciуn de los documentos necesarios.

La entrega del Documento Nacional de Identidad y de los certificados asociados se realizará personalmente a su titular en la misma jornada en que solicite su expedición.

Finalizada la fase de gestión documental y la personalización física de la tarjeta, comienza la fase de personalización lógica con la carga de datos en el chip de la tarjeta soporte. La generación de claves se realizará, en la tarjeta y en presencia del titular, tras la habilitación de un PIN aleatorio que se entrega en un sobre ciego.

Proceso de expedición

• Dónde y cómo se expide. Proceso en un solo paso:

El DNI electrónico se expide en los centros en los que actualmente se está realizando (equipos de expedición y equipos móviles)

El DNI electrónico se expide en un solo acto administrativo, es decir en una sola visita al centro de expedición.

• Qué hace falta llevar.

Para solicitar la primera expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:

Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente o, en su caso, Certificado de inscripción de la nacionalidad española. A estos efectos únicamente serбn admitidas las certificaciones expedidas con una antelación máxima de tres meses a la fecha de presentaciуn de la solicitud de expedición del Documento Nacional de Identidad.

Dos fotografías recientes en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme claro liso, tomadas de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificaciуn de la persona.

En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, Certificado de empadronamiento (la validez de este documento es de 3 meses a partir de la fecha de su expedición).

En caso de variación de datos de filiación, Certificado del Registro Civil.

El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado, que será expedido en la forma y con los requisitos indicados para la renovación. El DNI anterior.

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Estupendo articulo de fondo sobre el arbitraje escrito por Jose Manuel Otero Lastres en abogados.es

Una lectura superficial y apresurada de la Constitución Española de 1978 podría producir la sorprendente y errónea impresión de que arbitraje no es una institución
para administrar la justicia. En efecto, el artículo 117.1 de la CE dispone que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. La dicción literal de esta norma parece
reservar la administración de justicia a los jueces y magistrados. Y esta misma impresión puede obtenerse cuando, en sede de “derechos fundamentales y libertadas públicas”, se configura en el artículo 24.1 de la CE el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos como un derecho fundamental que sólo puede obtenerse de “los jueces y tribunales”.

Sin embargo, si de la Constitución descendemos a la legalidad ordinaria y tenemos
a la vista la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, no existe
la más mínima duda de que el arbitraje es un medio de solución de controversias
jurídicas y, consiguientemente, de que está incardinado en nuestro sistema de
administración de justicia. Ante esta situación, la primera pregunta que se plantea
es si existe alguna vía a través de la cual se puede incardinar el arbitraje en nuestro
sistema constitucional de administrar justicia.

Desde luego, en la tradición constitucional española hay ejemplos de mención
expresa del arbitraje como mecanismo de solución de controversias jurídicas entre
los ciudadanos. Así sucedió, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz de 1812, en
la cual, después de declarar en su artículo 4 que “La Nación está obligada a
conservar y proteger las leyes sabias y justas”, se establecía en su artículo 280
que “No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias
por medio de jueces árbitros, elegidos por las partes”, añadiendo en el artículo
281 que “la sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer
el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar”.

Por otra parte, la expresa configuración del derecho fundamental a la tutela
efectiva como un derecho obtenible a través de la vía judicial, plantea la cuestión
de si no cabe hablar, aunque sea de manera indirecta, de un “derecho fundamental
a la tutela arbitral efectiva”. Veamos las dos cuestiones.
EL ARBITRAJE EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Si se lee con atención el artículo 117.1 de la CE, se comprueba que, si bien dice con
claridad que corresponde a los jueces y magistrados ejercer en exclusiva la función
jurisdiccional del Estado, lo que no dice es que la función de administrar justicia
solo puede realizarse a través de los jueces y magistrados. La vigente Ley de
Arbitraje configura el arbitraje como medio de solución de controversias jurídicas,
y, por tanto, como una vía legalmente habilitada de administración
de justicia. Lo cual obliga a preguntarse si existe un precepto de la Constitución
a través del cual se pueda incardinar el arbitraje en nuestro sistema constitucional
de administración de justicia.

Ver tambien el Arbitraje como Derecho

España: Como hacer una declaración de herederos

Como hacer una declaración de herederos en España?

Muchas personas, ante un caso de sucesión, se preguntan cómo pueden llevar a cabo una declaración de herederos.

En España,  existen dos vías, en función de la relación y parentesco existente con el difunto: Trámites a realizar por los herderos forzosos del fallecido (cónyuge viudo, descendientes directos y, a falta de los anteriores, los padres del fallecido): Deben presentarse ante Notario Público para que éste levante lo que se denomina un “Acta de notoriedad”. ¿Ante qué Notario hay que acudir?
El Notario competente para autorizar el acta de notoriedad será cualquiera de los existentes en la población donde el difunto tuviera su último domicilio en España.
De no haber tenido nunca domicilio en España, será competente el Notario correspondiente al lugar de su fallecimiento y, si hubiere fallecido fuera de España, el del lugar donde tuviere la parte más importante de sus bienes o de sus cuentas corrientes. ¿Cómo se puede acreditar cuál fue el último domicilio del difunto?: El último domicilio del difunto se acreditará preferentemente mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) o por otros medios de prueba admitidos en Derecho (por ejemplo: certificado de empadronamiento). ¿Qué documentación hay que presentar al Notario?: Cuando la declaración de herederos se hace en la Notaría, los documentos necesarios son los siguientes:
a) Certificado de defunción. b) Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, que acredite que no hay testamento. c) Certificado de nacimiento de los hijos del fallecido. d) Certificado de defunción de los hijos que hubiesen muerto. e) Certificado de matrimonio del fallecido. f) DNI del fallecido o, en su defecto, certificado de empadronamiento del fallecido, a fin de acreditar el domicilio habitual del mismo. Todos los certificados anteriormente mencionados (excepto el de empadronamiento) se pueden obtener a través de Internet en este mismo portal del Ministerio de Justicia. ¿Cuál ha de ser el contenido mínimo del Acta de Notoriedad?: En cuanto al contenido del Acta, en ella ha de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos testigos que aseveren la constatación de los hechos cuya declaración de notoriedad se pretende (en este caso, acreditar la condición de heredero). Ultimadas las anteriores diligencias, el Notario hará constar su juicio sobre si quedan acreditados los hechos en que se funda la declaración de herederos y, en caso afirmativo, declarará qué parientes del fallecido son los herederos. ¿A partir de qué momento puede expedir el Notario copia del Acta de notoriedad?: Una vez transcurridos veinte días hábiles desde la firma de la misma, el Notario ya puede expedir copia de la citada Acta y realizar la partición de la herencia. Trámites a realizar por parte de los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etc.).
En este caso, los parientes colaterales han de acudir al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del difunto para solicitar de dicho Juzgado que realice la declaración de herederos, siempre que éstos demuestren el parentesco y que no existen herederos forzosos.
La solicitud de declaración judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los Juzgados de Primera Instancia. Con el escrito que se presente al Juez, en el que se relatarán las circunstancias personales y familiares del fallecido, se ofrecerá información testifical, siendo necesario además presentar los siguientes documentos:
a) Certificado de defunción. b) Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, que acredite que no hay testamento. c) Certificado de nacimiento de los hijos del fallecido, en su caso. d) Certificado de defunción de los hijos, en su caso. e) Certificado de matrimonio del fallecido, en su caso. Dicha solicitud puede ser presentada por uno de los herederos en nombre de todos. Será obligatoria la intervención de abogado cuando el importe de los bienes de la herencia supere las 400.000 Ptas. (2400 Euros).
El Juez oirá a los testigos propuestos, con citación del Ministerio Fiscal y si estima justificados los hechos alegados dictará, a propuesta del Secretario Judicial, una resolución (concretamente, un auto) declarando herederos a los parientes más próximos con derecho a heredar.
En el caso de que el Juez o el Fiscal considerasen que cabe la posibilidad de que haya otros parientes con igual o mejor grado de parentesco con derecho a heredar, el Juez podrá ordenar la publicación de edictos anunciando la muerte del causante y los nombres y grado de parentesco de las personas que pretenden ser declarados herederos intestados. En tal caso, quienes se crean con derecho a la herencia deberán comparecer ante el Juez en el plazo de 30 días. En todo caso, el procedimiento finalizará con un auto en el que el Juez competente se pronunciará sobre quiénes son los herederos del fallecido, siendo ése el documento que permitirá llevar a cabo la partición y adjudicación de la herencia.

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Consejos autonomicos de procuradores

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El procurador, en España, es quien comparece en el juicio en representacion de otro, se puede diferenciar entre entre representación legal, voluntaria y procesal.

Según la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. El procurador es el representante procesal

Para ejercer de procurador es necesario, ser Licenciado en Derecho y obtener el título de Procurador, expedido por el Ministerio de Justicia. También es un requisito colegiarse donde se desee actuar y pagar la fianza que exigen los estatutos del colegio asi como prestar juramento o promesa ante el órgano que corresponda.

Los Colegios son los garantes y defensores de la profesión, por ello, es obligatoria la inscripción de los Procuradores en el Colegio, los cuales, se rigen por una Junta de Gobierno presidida por un Decano.

El órgano supremo de coordinación de los Colegios es el Consejo General, que junto con la Asamblea de Decanos, son los máximos órganos decisorios y rectores de los Procuradores en España.

¿Qué hacen los Procuradores?

Seguir el proceso, realizando los tramites de cada paso y tener informados al cliente y a su abogado, poniendo en relacion al tribunal y el justiciable.

¿A que está obligado un procurador?

A colaborar con los órganos jurisdiccionales en la Administración de la Justicia, defendiendo los intereses de sus representados.

Consejos autonomicos de procuradores

Consello galego dos procuradores dos tribunais de Galicia
Sede PALACIO DE JUSTICIA – VIENA S/N 15704 – SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA Telé…

Consell de col.legis de procuradors del tribunals de Catalunya
Página web www.procuradorscat.es Sede PASSEIG PUJADES, 1 8003 – BARCELONA BARCELONA &nbs…

Consejo Valenciano de colegios de procuradores de la Comunidad de Valencia
Sede CIRILO AMOROS,69 1º 1ª 46004 – VALENCIA VALENCIA Teléfono +34 963 529 411 Fax…

Consejo Regional de Procuradores de los tribunales de Castilla y Leon
Despacho ANGUSTIAS, 38 47003 – VALLADOLID VALLADOLID …

Consejo de procuradores del Pais Vasco
Sede ALDA. MAZARREDO, 5 – 2º 48001 – BILBAO VIZCAYA …

Consejo de los II.colegios de procuradores de Castilla-La Mancha
Despacho PALACIO JUSTICIA-PL.ALTOZANO, 1 2001 – ALBACETE ALBACETE …

Consejo Canario de colegios de procuradores
Sede PALACIO DE JUSTICIA – SAN AGUSTIN, 7 35001 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRA…

Consejo andaluz de colegios de procuradores de los tribunales
Sede PIEDRA SANTA, 11 1º DERECHA 18009 – GRANADA GRANADA Teléfono

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a los titulares del despacho elaborar un plan de prevencion
de riesgos laborales, evaluando los riesgos y planificando la
actividad. Es cierto que la mayoria de los despachos profesionales
de este pais, cumplen sin mas tramite las
obligaciones basicas, pero ello no impide el recordatorio de
los deberes basicos:
œ En primer lugar, identificar los peligros que puedan generarse
en un despacho y los diferentes puestos de trabajo que
lo integran. Una vez identificado se evaluara cuales de ellos
suponen un riesgo y sobre ellos se actuara desarrollando
un plan de prevencion e implantandolo posteriormente.
œ Evaluacion de Riesgos.- Se debe atender especialmente a
la evaluacion de los riesgos de caracter general, como son
los relacionados con el espacio o lugar de trabajo regulados
por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
œ Desde una perspectiva practica y en atencion al lugar de
actividad de la mayoria de los despachos de abogados, procede
evaluar determinados riesgos y desarrollar la posterior
prevencion, y asi, lugar de trabajo, equipos y metodos de
trabajo, limpieza y el orden del despacho, evaluacion ambiental
de ruidos, vibraciones y luz, riesgos ergonomicos y
condiciones ambientales, riesgos psicosociales, jornada de
trabajo o el ritmo de trabajo y pantallas de visualizacion
œ Debe a continuacion desarrollarse la planificacion e implantacion
de la actividad preventiva, mediante un servicio de
prevencion externo, con caracter ordinario, prestado basicamente
por mutuas de accidentes.

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● La extinción del contrato de trabajo, se somete como
regla general a los artículos 49 a 56 del Estatuto de los
Trabajadores, destacándose como factor corrector la especial
confianza que caracteriza la relación laboral especial.
● La pérdida de confianza determina que la obligación de
readmisión, si el titular del despacho de abogados no lo
asume, será excepcional y la readmisión será obligatoria
sólo para el supuesto de despido por violación de derechos
fundamentales o para el supuesto de despido de un
representante legal o sindical.
● El preaviso mínimo para la extinción del contrato es de
45 días, pudiéndose superior mediante acuerdo expreso.
● El despido objetivo por pérdida de confianza resulta extremadamente
dificultoso para el titular del despacho y con
unos requisitos, formales y de manifestación externa del
conflicto, objetivos y graves. La viabilidad de esta causa
sólo será posible en situaciones torpes, manifiestas y evidentes.
En caso contrario, los árbitros, mediadores o el
juicio de razonabilidad del juzgado de lo social decidirá.

.EXISTE UN REGIMEN DISCIPLINARIO
ACTUALMENTE?
œ En el exclusivo marco del Real Decreto 1331/2006, y vistos
los articulos 24 y 25, solo cabe adoptar por el titular
del despacho, la decision del despido frente a los incumplimientos del abogado, en atencion a las causas que se
expresan y a las recogidas genericamente para el despido
disciplinario en el Estatuto de los Trabajadores.
œ El regimen especial de la Abogacia y Estatuto de los Trabajadores
(Art. 54), recogen la responsabilidad disciplinaria
de los abogados y con ello la posibilidad del despido con
base en un incumplimiento grave y culpable. Se consideran
incumplimientos contractuales:
A) Especiales
– El incumplimiento de los deberes de confidencialidad,
secreto profesional y fidelidad.
– La negativa infundada a asumir los asuntos encomendados
por el titular del despacho.
– La negativa a informar al titular del despacho de
la situacion de los asuntos que le hubiera encomendado.
– Girar minutas de honorarios u otros gastos a los
clientes por los asuntos en que hubieran intervenido.
B) Generales
– Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia
o puntualidad al trabajo.
– La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
– Las ofensas verbales o fisicas al titular del despacho
o a las personas que trabajan en el despacho
o a los familiares que convivan con ellos.
– La trasgresion de la buena fe contractual, asi como
el abuso de confianza en el desempeno del trabajo.
– La disminucion continuada y voluntaria en el rendimiento
del trabajo normal o pactado.
– La embriaguez habitual o toxicomania si repercuten
negativamente en el trabajo.
– El acoso por razon de origen racial o etnico, religion
o convivencia, discapacidad, edad u
orientacion sexual al titular del despacho o a las
personas que trabajan en el despacho.
œ El convenio colectivo debera regular la tipificacion y graduacion
de las faltas y sanciones de los abogados.
œ El contrato de trabajo individual, debe suplir provisionalmente
hasta la vigencia del convenio la carencia de un
procedimiento sancionador y recoger expresamente en su
caso, como anexo al contrato, un regimen minimo de graduacion
de faltas y sanciones, que incluya las conductas
mas evidentes de incumplimientos y los tipifique como
leves, graves, o muy graves, recogiendo igualmente los
efectos de amonestacion, suspension de empleo y sueldo
o despido que correspondan.

Contrato de Trabajo abogados en España

Nuevo Contrato de Trabajo abogados en España ¿CÓMO TIENE QUE SER EL CONTRATO DE TRABAJO? El contrato deberá formalizarse por escrito y bajo cualquiera de las modalidades previstas legalmente, a tiempo completo o a tiempo parcial (vease el Estatuto de los Trabajadores, articulos 10, 11 y 12 y el Real Decreto Ley de 5/2006, …

 

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Jornada Laboral Contrato Laboral Abogados

Jornada Laboral Contrato Laboral Abogados

¿CUAL ES LA JORNADA LABORAL Y SU DISTRIBUCION?
œ La duracion maxima de la jornada ordinaria de trabajo
sera de 40 horas semanales de trabajo efectivo de
promedio, en computo anual.
œ No se computa a efectos de duracion maxima de la jornada
de trabajo, ni el tiempo de espera, ni el tiempo de
desplazamiento. Se interpreta inicialmente como tiempo
de espera, el que emplean los abogados al margen de las
actividades propias de su profesion (normalmente por causas
ajenas a su voluntad), y como tiempo de desplazamiento
el tiempo invertido en trasladarse a lugares diferentes para
el desarrollo de la actividad profesional. En todo caso el
convenio colectivo determinara los supuestos concretos de
desplazamientos y esperas que no se computaran a efectos
de la duracion maxima de la jornada.
œ El descanso entre el final de una jornada y el comienzo
de la siguiente, sera como minimo 12 horas.
œ El numero de horas ordinarias de trabajo efectivo no
podra ser superior a 9 horas diarias, salvo acuerdo de distribucion
irregular de jornada entre las partes o lo que
determine en su dia y, en su caso, el convenio colectivo.
œ Hay que tener en cuenta que el complemento de la jornada
debe asegurar en todo caso el servicio a los clientes
y los plazos procesales.
œ El descanso minimo semanal acumulable por periodos
hasta 14 dias es de dia y medio ininterrumpido, proyectandose
como regla general la tarde del sabado y el
domingo completo.
œ Las fiestas laborales tienen caracter retribuido y no recuperable.
Seran un maximo de 14 al ano.
œ Existen licencias y permisos por matrimonio (15 dias);
nacimiento o fallecimiento o accidente (2 dias); traslado
de domicilio habitual (1 dia); deber inexcusable de caracter
publico y personal, …, tengase en cuenta la necesidad
de conciliar la vida familiar y laboral que regula la Ley
39/99, de 5 de noviembre, y que supone una modificacion
sustancial del articulo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, en cuanto a reduccion y distribucion de
jornada.
œ Las vacaciones anuales son de 30 dias naturales minimo
al ano y para su disfrute habra que tener en cuenta
las actuaciones profesionales y el mes de agosto, en su
condición de inhábil (parcial).

.CUALES SON LAS RETRIBUCIONES DE LOS ABOGADOS
SUJETOS A LA RELACION ESPECIAL?
Conforme al marco legal vigente regulador de la relacion
laboral especial y con independencia de lo que se pueda
acordar en materia retributiva en el futuro Convenio Colectivo
de ambito nacional para la Abogacia, del marco legal
se deduce la estructura salarial:
œ Minima y obligatoria
– Salario base (salario minimo interprofesional vigente)
– Dos pagas extraordinarias (salario minimo interprofesional
vigente)
– Plus de dedicacion exclusiva (no en el contrato a tiempo
parcial)
– Plus de compensacion de tiempo de espera y tiempo
de desplazamiento
œ Otros conceptos salariales
– Clientela
– Pacto de permanencia
– Pacto de no competencia postcontractual
– Pacto de formacion
– Salario en especie (disfrute de vehiculo, disfrute de
vivienda, planes de pensiones, …). Con un limite del
30% del total salarial.
œ No se considera salario
– Gastos de dietas
– Gastos por kilometraje
– Cestas navidenas
– Regalos
-…
œ El contrato de trabajo debera contener y proyectar cuantitativamente,
respetando el salario minimo interprofesional,
la estructura salarial minima y obligatoria que deriva del
Real Decreto regulador de la relacion laboral especial de la
Abogacia y del Estatuto de los Trabajadores.
œ Respetada la estructura salarial minima, las partes pueden
fijar con libertad absoluta otros conceptos salariales y
su proyeccion cuantitativa, hasta la vigencia del Convenio
Colectivo, que impondra una nueva estructura salarial minima
y obligatoria.
œ El convenio colectivo en su dia debera regular las cuantias
minimas en atencion a la unica categoria profesional
de abogado, la progresion de los grados y los niveles de perfeccionamiento
y rendimiento, puestos ocupados y
responsabilidades asumidas en la gcarrera profesionalh del
abogado contratado.
œ Si el contrato en practicas garantiza como minimo el
salario minimo interprofesional para los abogados que
firmen dicha modalidad de contrato, semejante a la pasantia,
parece evidente que el salario minimo de referencia
debe ser necesariamente superior al salario minimo interprofesional
vigente, una vez superado el contrato en
practicas.
œ La promocion profesional y economica de los abogados,
partiendo de una unica categoria profesional es un derecho
reconocido, minimo y de caracter creciente y dinamico,
por lo que debera ser objeto de revision periodica al margen
de la actualizacion del IPC. La antiguedad como
criterio de revision salarial temporal, no se incluye en el
Real Decreto regulador de la relacion laboral especial de
la Abogacia (ni la impone el Estatuto de los Trabajadores);
frente al plus de antiguedad se opta por la promocion
profesional y economica con base en criterios de rendimiento,
perfeccionamiento y responsabilidad.

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