Salvador Trinxet – Plan de Negocios

Salvador Trinxet – Plan de Negocios y Proyecciones Financieras

 

Análisis de la Industria y Objetivos Corporativos

 

Al realizar un plan de negocios este debe comunicar la factibilidad del mismo, las proyecciones financieras es la herramienta más eficaz donde a través de estimaciones y números podemos augurar nuestro éxito.

 

 

¿Por donde debe comenzar un Plan de Negocios?

 

Salvador Trinxet Llorca – El Plan de Negocios debe iniciarse a través de un resumen ejecutivo donde se indique la esencia del plan, debe transmitir la capacidad para ejecutar el plan, la estrategia de éxito debe estar bien argumentada, éste debe ser claro, breve e interesante al igual abarcar todos los elementos principales (descripción del negocio, productos y servicios, el mercado, competencia, operaciones, equipo de administración, riesgos/oportunidades, resumen financiero y requisitos de capital).

 

¿La descripción del negocio qué aspectos debe responder?

 

Salvador Trinxet – En qué ramo opera; qué tipo de negocio es (fabricación, consultoría, reventa, servicios); es un negocio nuevo, una absorción, una franquicia? y cuál es su producto o servicio.

 

¿Qué debe responder el plan de negocio en cuanto al mercado y al producto?

 

      Salvador Trinxet – ¿cuál es su mercado objetivo?; ¿cómo se hacen los productos o de qué manera se prestan los servicios?; ¿qué le aportarán a los clientes?, ¿por qué el producto o servicio que ofrece su negocio es especial?; ¿qué valor le agrega a su producto?; ¿qué es lo que diferencia a su compañía del resto?; ¿cuáles son las tendencias, influencias y factores clave en el mercado?; ¿a quién está dirigida la comercialización de sus productos y servicios?; ¿cómo educará a sus clientes para que le compren?; ¿tiene preparado un plan de contingencia en caso de que surja alguna dificultad?; ¿qué es lo que hace que esta oportunidad sea única?

¿cuáles son los riesgos financieros para su negocio? ¿cómo se minimizarán esos riesgos?; ¿cuál es el peor de los escenarios posibles? ¿cómo lo manejará?.

 

¿Cuáles son los factores comunes que parece influir en el ritmo de la rivalidad entre competidores?

 

Salvador Trinxet – Según Sergio Alejandro Cura Hernández  la rivalidad se intensifica

a medida que aumenta el número de competidores y que éstos encuentran cierta

igualdad en lo concerniente al volumen y capacidad; la rivalidad por lo común es más

poderosa cuando la demanda del producto aumenta lentamente. La rivalidad es más

intensa cuando las condiciones de la industria tienta a los competidores a emplear

reducciones de precios u otras armas competitivas, con el fin de incrementar el volumen

por unidad, la rivalidad es más poderosa cuando el costo del cliente para cambiar de

marcas es bajo; la rivalidad es más poderosa cuando uno o más competidores se sienten

descontentos con su posición de mercado e inician medidas para mejorar su posición a

costa de sus rivales; la rivalidad se incrementa en proporción de los rendimientos de una

medida estratégica.

 

¿Cómo demuestro mi posible éxito al banco financista?

 

Salvador Trinxet – 2.esmas.com nos señala que es necesario demostrar ese éxito de manera

tangible, ¿cómo? Las proyecciones financieras ayudan bastante en estos casos. Consiste en

pronosticar las ventas, gastos e inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados

esperados en los estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de

efectivo. Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de ventas,

mercadotecnia, recursos humanos, compras, inversiones, etc. es decir, todo lo necesario para

que el escenario que se plantea pueda realizarse. De esta manera se puede demostrar que la

empresa es capaz de ofrecer una buena rentabilidad a sus dueños y Pagar oportunamente los

vencimientos de los préstamos. ¿Cuántas Pymes se encuentran en dificultades para que les

concedan un crédito o conseguir un socio? Muchas empresas no tienen dificultades en conseguir

ventas, sino en contar con recursos para producir. Entonces ¿por qué no les conceden créditos o logran conseguir un nuevo socio? Posiblemente porque no ´hacen tangible´ su éxito esperado.

 

¿Cuál es la importancia de los objetivos corporativos?

 

Salvador Trinxet – Confucio dijo: “nada es importante para quien no tiene un objetivo”.

Los objetivos formales proveen criterios de decisión que guían a las unidades de negocios y

empleados de una organización hacia dimensiones y ámbitos de desempeño específicos.

Esos mismos objetivos proveen las marcas de referencia o comparación (benchmarks)

contra las cuales se puede evaluar el desempeño real.

 

¿Qué funciones tienen las proyecciones financieras?

 

Salvador Trinxet – madrid.org nos brinda información al respecto, prevaleciendo las

siguientes; demostrar la fiabilidad y estabilidad del proyecto de cara a la financiación por parte

de terceros (bancos, entidades de crédito, estado, etc. La proyección de estados financieros es

fundamental en el mundo empresarial, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas

porque cuando se demuestra que existe una oportunidad de negocio, resulta más factible

adquirir los recursos necesarios para acometer el proyecto. Búsqueda de otros socios para

acometer nuevos proyectos o expandirse; búsqueda de subvenciones del estado o de entidades

privadas. Todo plan de negocio debe contener un apartado relativo a las proyecciones

financieras, debido a que pronostican los resultados económicos-financieros futuros  de la empresa respecto a sus operaciones.  Además a través de las proyecciones financieras, se pueden generan diversos escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo diferentes

estimaciones de los resultados, permitiéndole al emprendedor identificar los posibles riesgos

que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que amortigüen los efectos

negativos.

 

Salvador Trinxet Llorca – Franquicia y Claves para Internacionalizarse

Franquicia y Claves para Internacionalizarse

El sistema de Franquicia, una solución atractiva para emprendedores

Una franquicia es un sistema de negocios que nace como un convenio de trabajo entre dos empresarios que deciden asociarse estratégicamente para garantizar el éxito de ambos. Por un lado tenemos al franquiciante quien ha desarrollado un negocio y una marca con éxito reconocido y quien ofrece a otro (franquiciado) la posibilidad de comercializar sus productos bajo su misma marca y disfrutar de toda la experiencia y conocimiento, a cambio de contraprestaciones económicas y regalías.

 

¿Cuáles son los pasos que debe observar una empresa ante la internacionalización?

Salvador Trinxet Llorca – Según Tormo el primero es evaluar su propia capacidad exportadora, ya sea de producción o de transmisión de servicios. Contar con una estructura interna adecuada, un equipo que pueda desplazarse y proveedores capaces de suministrar más allá de nuestras fronteras o bien posibilidad de sustituirlos en el destino. También es necesaria una adecuada preparación; estudiar la legislación vigente, considerar qué fórmula se adapta mejor a las necesidades de crecimiento y posibles canales de comunicación. Por último, se precisa el conocimiento del mercado, normalmente proporcionado por un partner, sus condicionantes, competencia y evaluar el posible posicionamiento del producto, ubicaciones idóneas, y revisar las obligaciones financieras de los socios.

 

¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas de adquirir este sistema de franquicia como negocio?

Salvador Trinxet – Algunas ventajas destacadas por Edwin Amaya son la posibilidad de adquirir un negocio con éxito demostrado, el respaldo de productos y marcas con reconocido prestigio, no necesita aprender el negocio con prueba y error, se utiliza y aprovecha el conocimiento y experiencia del franquiciador, no tiene que buscar proveedores, el inventario de productos garantizado. Por otra parte, algunas desventajas son; no se tiene propiedad de marca; la dependencia hacia el franquiciante restringe las habilidades y posibilidades del franquiciador como emprendedor, debe ajustarse a las normas y lineamientos establecidos; las decisiones las toma el franquiciante casi en un 100%; menor rentabilidad directa ya que se deben considerar las regalías para el franquiciante o franquiciador; pago inicial por derechos, contratos y licencias de la franquicia.

 

¿Por qué las empresas deben plantearse la internacionalización?

Salvador Trinxet – Según el Blog Internacionalizaciónccb.blogspot.com debemos trazarnos metas en el mercado internacional porque al buscar otros mercados en el exterior, disminuye mi dependencia del mercado local o nacional en el que me desenvuelvo.

Incremento mis niveles de producción, disminuyendo mi capacidad ociosa y teniendo mayor poder de negociación al momento de comprar materias primas, empaques ó cotizar un flete terrestre, marítimo o aéreo. Aprovecho las ventajas comparativas y las oportunidades en mercados ampliados a través de acuerdos comerciales; sin olvidar que la competencia extranjera está aumentando, incluso a nivel local, razón por la cual debo estar a su altura.

Salvador Trinxet Llorca

La Deontologia del Futuro

Deontología de la abogacía en el Futuro

Ver también: Deontologia Europea

Sigue el articulo de José María Davó publicada en abogados.es sobre la deontología de los abogados del siglo XXI.

“En esta nueva linea se acaba de pronunciar la Abogacia Europea en su ultima
sesion Plenaria del mes de noviembre de 2006, aprobando la Carta de los Principios
Esenciales del Abogado Europeo, cuyos diez principios son la quintaesencia que sublima actualmente todos los principios comunes de la profesion, como se indica en su proemio:

  • Los abogados europeos estan sometidos a estos principios, que son esenciales para
    la buena administracion de justicia, y para el acceso a la justicia y al derecho
    a un proceso equitativo, como exige la Convencion Europea de los Derechos del
    Hombre
  • Su examen debera reformular, en alguna medida, nuestros propios principios
    nacionales. Una tarea llevada a cabo a solicitud del Consejo de Europa, con
    miras a que sirva de directriz para los nuevos paises emergentes. Con la misma
    finalidad didactica, pero con vocacion de universalidad, tambien la International
    Bar Association (IBA) aprobo en su sesion plenaria de Chicago, el pasado mes de septiembre, unos principios que puedan ser utilizados por cualquier Abogacia nacional que carezca de regulacion en la materia.

En otra linea totalmente distinta se encuadra el Codigo de Conducta profesional
aprobado por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional en su cuarta sesion, noviembre de 2005, para regular la conducta de los abogados que actuen ante dicho Tribunal. Un codigo que contiene normas en gran medida distintas a las que
se incluyen en otros codigos deontologicos, pero que obviamente son tambien de
aplicacion a los abogados espanoles admitidos para actuar ante dicha jurisdiccion.

Y si estas variaciones se suscitan en el espacio internacional, tambien en el plano
nacional aparece la necesidad de adaptacion a las formas de ejercicio que la vigente
regulacion de la Abogacia hoy reconoce, como ya vaticinaba en el mes de mayo de
2006 el profesor Carretero Sanchez en un articulo publicado en la revista La Ley.

Los decanos y miembros de las Comisiones deontologicas de los Colegios
bien conocen que, cada vez mas, surgen conflictos derivados de las formas societarias
de relacion interprofesional y de las facetas laborales con las que la profesion
se practica tambien hoy dia.

Un siglo este, pues, que ya en su primer quinquenio nos abre un abanico de
nuevos criterios, a los que nuestra Abogacia institucional ha de hacer frente,
obligandola a renovarse, para que nada cambie en la esencia de esta dificil -tambien
desde el punto de vista deontologico -profesion de abogado.

Un español en la Corte Penal Internacional

El consejero del Consejo General
de la Abogacía Española, José
María Davó fue elegido miembro
integrante de la Comisión
Disciplinaria de la Corte Penal
Internacional en las elecciones
celebradas el pasado 15 de
diciembre. Ésta es la primera
elección que se ha producido
desde que se crearon la Comisión y
el Comité de la Corte Penal
Internacional y José María Davó es
el único español que ostenta un
cargo electo en la Corte Penal
Internacional. Los electores eran
168 consejeros jurídicos y
abogados, procedentes de los
cinco continentes, que tuvieron la
labor de elegir a los seis
representantes entre 22
candidatos.
La Comisión Disciplinaria la
componen tres miembros: dos
permanentes y uno ad hoc,
designado por la Abogacía nacional
a la que pertenezca el abogado
encausado. Los dos miembros
permanentes, y un suplente para
supuestos de imposibilidad o
incapacidad, son elegidos por un
período de cuatro años. Los
electores son todos los abogados y
consejeros jurídicos admitidos por
la Secretaría para actuar ante la
Corte. El Comité de Apelación
tiene la misma composición (dos
miembros y un suplente, elegidos
como para la Comisión
Disciplinaria) pero con el añadido
de tres jueces de la Corte.

Articulo relacionado sobre deontología:

Deontologia Europea

La Deontología de los abogados. Vision europea Ver también: La Deontologia del Futuro Jose María Davó, de la Corte Penal Interrnacional, desgaja sus reflexiones sobre la deontología de los abogados en un articulo de abogados.es. Empieza señalando que la realidad está demostrando que el estereotipo de una deontología inmutable e imperecedera, resistente a los …

Deontologia Europea

La Deontología de los abogados. Vision europea

Ver también: La Deontologia del Futuro

Jose María Davó, de la Corte Penal Interrnacional, desgaja sus reflexiones sobre la deontología de los abogados en un articulo de abogados.es.

Empieza señalando que la realidad está demostrando que el estereotipo de una
deontología inmutable e imperecedera, resistente a los embates del tiempo y
a las mudables circunstancias de la vida, ya no se sostiene. Según él, y ya dejamos por entero su artículo, que sigue en La Deontologia del Futuro, no es que los principios
esenciales que rigen la profesión desde sus inicios ya no tengan vigor. Lo que
ocurre es que han surgido nuevas modalidades de ejercicio profesional, se
han abierto otros campos antes desconocidos para la Abogacía, y por ello
deviene necesario hacer una adaptación en toda regla de nuestro Código
Deontológico, ya que estos cambios se producen tanto en el plano internacional como
en el nacional.

“Quienes oteamos este panorama desde la privilegiada atalaya de Bruselas, que nos
fuerza constantemente a comparar nuestras normas deontológicas con las vigentes en las restantes naciones europeas, regidas por diversos sistemas y mentalidades jurídicas diferentes, somos quizá más conscientes de la constante y progresiva evolución del ejercicio profesional, que vaticina una perentoria necesidad de adaptación de nuestras normas a las nuevas exigencias de los tiempos que corren.

El ámbito de la comunicación electrónica, aceptado definitivamente por la Abogacía, y ya de frecuente uso, es un limbo deontológico, cuya esfera de ejercicio ha colmado el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), emitiendo unas directrices para las comunicaciones transnacionales. Pautas que habrán de ser asumidas en el ámbito interno español, y adaptadas a las peculiaridades de nuestro ejercicio profesional; por cuanto aquellos criterios contemplan aspectos genéricos, comunes a todos los países europeos, y no siempre coincidentes con los de cada una de las Abogacías nacionales.

DOS DEONTOLOGÍAS DIFERENTES
La actitud irrespetuosa que recientemente adoptó uno de los grandes bufetes transnacionales para con las normas deontológicas nacionales francesas, suscita
no pocas incógnitas. Desde la consideración de la existencia de dos diferentes
deontologías: una para los grandes despachos, otra para los pequeños y para
quienes ejercen a título individual, hasta el problema de la doble deontología en
los asuntos internacionales; pasando por los criterios que impondrá la transposición
de la novísima Directiva de Servicios.

Sigue en La Deontologia del Futuro

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Exclusion del Arbitraje

Exclusión del Arbitraje

Parte final del articulo sobre la tutela efectiva en el arbitraje, que incluyen otros articulos como Arbitraje como Derecho o Tutela Arbitral Efectiva, y basado enteramente en el articulo de Jose Manuel Otero y publicado en abogados.es. 

Pues bien, como ha señalado el profesor Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos
(ob. cit. pp. 49 y ss.), la postura que excluya el arbitraje del ámbito del derecho
fundamental a la tutela efectiva olvida, cuando menos, tres cosas. A saber:

  1. Que las garantías del artículo 24.1 pueden constituir el contenido del “orden público”,
    que es una de las vías habilitadas para ejercitar la acción de anulación contra
    el laudo;
  2. Que precisamente esta conexión entre el contenido del artículo
    24.1 y la noción de orden público, en la medida en que fundamenta el ejercicio
    de la acción de anulación que tiene lugar en sede de la jurisdicción estatal, es la
    que permite, de manera mediata, el control constitucional; y
  3. Que si el arbitraje no tuviera que adecuarse a las exigencias del artículo 24.1 de la Constitución se produciría una quiebra inasumible en el sistema constitucional de la justicia.

EXCLUSIÓN DEL ARBITRAJE
Por todo ello, concluye este autor (ob. cit. p. 50), que la tesis del Tribunal Constitucional
que excluye el arbitraje del derecho a la tutela judicial efectiva, parece confundir
la disposición por las partes respecto del cauce procedimental para
resolver un conflicto, con la total desaparición del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, que debe operar en el marco del proceso arbitral al modo en que
lo hace en el proceso jurisdiccional.
Y es que, en mi opinión, si el arbitraje es un medio de solución de controversias
jurídicas, que, como hemos visto, está previsto y regulado en la ley; si está
incardinado en el sistema constitucional de administración de justicia, aunque sea
por la vía del artículo 1.1 de la Constitución; si los ciudadanos resuelven mediante
el arbitraje controversias sobre materia de libre disposición poniendo en ejercicio
los mismos derechos e intereses legítimos que son objeto de la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1; y si, al menos en los arbitrajes de derecho, se aplican normas
jurídicas, no tendría sentido que no se pudiera controlar si en el arbitraje se han
respetado o no los derechos incardinados en el artículo 24.1 CE. Creo que, aunque
sea a través la vía indirecta de rellenar la noción del “orden público” con el contenido
del artículo 24.1, puede hablarse, al menos en un sentido indirecto, de un
“derecho a la tutela “arbitral” efectiva.
Como conclusión final me atrevo a señalar que si la Constitución de 1978
hubiera mencionado expresamente el arbitraje, como hacia la Constitución de
Cádiz de 1812, el intérprete no se vería obligado a realizar todos estos esfuerzos
para situar al arbitraje en el lugar que le corresponde dentro de la Constitución.

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Limites al Arbitraje

Limites al Arbitraje

Tercera parte del articulo de Jose Manuel Otero sobre la tutela arbitral efectiva publicado en abogados.es

“Por esta razón, el Tribunal Constitucional solamente podría revisar en amparo las eventuales vulneraciones que se hubieran realizado en el recurso jurisdiccional de anulación del laudo. Así lo indica la sentencia que se acaba de reseñar,
cuando señala “Sólo en la medida, bien escasa como veremos, en que las
supuestas vulneraciones alegadas sean referibles a la actuación de órgano jurisdiccional
que conoció el recurso de nulidad frente al laudo, estará justificado
que este Tribunal enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela
judicial, o la prestación de dicha tutela por órgano judicial no legalmente predeterminado. Aquello que por voluntad expresa de las partes, se difiere al ámbito
del proceso arbitral, por esa misma volunta expresa de las partes queda sustraído
al conocimiento del Tribunal Constitucional”.

La segunda consecuencia es que los tribunales arbitrales carecen de legitimación para plantear directamente cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo cual compete en exclusiva a los Jueces y Tribunales. En este sentido, es interesante
recordar el Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 20 de julio de
1.993, en la que se dice: “la función que ejerce el árbitro es parajurisdiccional o
cuasi-jurisdiccional y en este “casi” está el quid de la cuestión. Efectivamente, la
inexistencia de jurisdicción en sentido propio se traduce en la carencia de potestas
o poder. El árbitro, que no nos puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad
por estar reservada a los órganos judiciales (art. 163 CE)…, necesita además del brazo secular del juez para dotar del juez para dotar de eficacia al laudo, mediante la adición o
estrambote de una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una fase
netamente procesal, en un proceso de ejecución, porque solo a los jueces corresponde
hacer ejecutar la juzgado”.

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA “ARBITRAL” EFECTIVA

Como ya hemos dicho, el artículo 24.1 de la Constitución española dispone que
“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión”.

La simple lectura de esta norma constitucional permite afirmar la indiscutible
naturaleza judicial de esta derecho fundamental. Lo que cabe plantear es si
estamos ante un derecho fundamental cuya garantía solo puede obtenerse por
vía judicial o si, por el contrario, estamos ante un derecho que debe ser garantizado
a todo ciudadano que pretenda la obtención de justicia, aunque para ello
opte por el procedimiento arbitral que le ofrece la ley ordinaria.

Esta cuestión es ciertamente compleja y está conectada con la configuración
misma de este derecho fundamental. El Tribunal Constitucional ha declarado, en
numerosas sentencias (entre otras, 991/1985, 501/1990, 1491/1995 y
176/1996), que “el derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad,
ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho
prestacional, solo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción
a su concreto ordenación legal”. La consecuencia de esta configuración del
derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho “prestacional” es que solo
cabría invocar este derecho fundamental del artículo 24.1 en el marco de la
actividad jurisdiccional del Estado. Esta es, por lo demás, la postura del Tribunal
Constitucional en la reciente sentencia 9/2005, de 17 de enero, en la se señala
que “aquello que por voluntad de las partes se difiera al ámbito del proceso
arbitral, por esa misma voluntad expresa de las partes queda sustraído al
conocimiento del Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo en
el que se invoquen las garantías del artículo 24.1 CE cuyas exigencias se dirigen
en principio a la actividad jurisdiccional estatal…, limitando la posibilidad de
amparo a “aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones
para las cuales la ley prevé la intervención jurisdiccional de los órganos
judiciales del Estado, entre las más relevantes, la formalización judicial del
arbitraje, el recurso o acción de anulación y la ejecución forzosa del laudo”.

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Arbitraje como Derecho

Arbitraje como Derecho

Esta es la segunda parte del articulo escrito por Jose Manuel Otero y publicado en abogados.es. La primera parte se encuentra en Tutela Arbitral Efectiva.

“Y la repuesta es evidentemente afirmativa: en la Constitución existe un
precepto con este alcance: el artículo 1.1 de la CE que declara que la libertad y la
justicia son valores supremos del ordenamiento jurídico español. Pues bien, en
uso de este valor supremo de la libertad, todo ciudadano español puede resolver
un conflicto jurídico, o, lo que es lo mismo, solicitar que se le administre justicia,
a través de un procedimiento privado basado en la autonomía de la
libertad y reconocido por la ley ordinaria, que es el arbitraje. Así lo ha señalado
el profesor Cremades, en un excelente trabajo titulado “Aspectos Constitucionales
del Arbitraje en España”, publicado en el homenaje a Norbert Horn en su 70
cumpleaños. Y en el mismo sentido, el profesor Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos
(Comentario a la Ley de Arbitraje, coordinado por De Martin/Hierro, Ed.
Marcial Pons, Madrid 2006, p.40) ha afirmado recientemente que “la Constitución,
en la cúspide del ordenamiento, aun cuando no contenga una referencia explícita
al arbitraje, sí debe habilitar la integración de la función arbitral, de configuración legal, en el seno de una más amplia función jurisdiccional orientada a la defensa de los Derechos subjetivos a la realización de la justicia y, en fin a la preservación de la tutela
judicial efectiva mediante una diversidad de procedimientos de configuración
legal que comprenden la regulación del arbitraje”.
En consecuencia, es claro que, a pesar de lo que dice el artículo 117.1 de la CE,
todo ciudadano, para conseguir que se le administre justicia, puede optar por dos
caminos: acudir a la jurisdicción del Estado sometiéndose a lo que decidan los
jueces y magistrados o convenir, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que
sean uno o más árbitros los que decidan el conflicto. Pero –y esto es lo que conviene
subrayar- uno y otro están integrados en el sistema constitucional de administración de justicia: el primero está expresamente contemplado en la Constitución, y el segundo, a través del juego de la libertad que es uno de los valores supremos de nuestra Constitución.

En este sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, en numerosas
sentencias, como por ejemplo la sentencia 174/1995, de 23 de noviembre, en la que señala que el arbitraje es “un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la libertad de las partes, como declaramos en nuestra sentencia 43/1988, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o los árbitros. En este sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias ocasiones, el árbitro se considera
“un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener
los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es la obtención de
una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”.

Ahora bien, aunque el Tribunal Constitucional califica el arbitraje como un
“equivalente jurisdiccional”, lo cierto es que el hecho de que los árbitros no sean
un órgano del Estado, tiene, al menos, dos importantes repercusiones en relación
con la propia justicia constitucional. La primera es que el laudo arbitral, en
cuanto tal, tiene cerrado el acceso directo al recurso de amparo para dilucidar si
el tribunal arbitral vulneró los derechos fundamentales. En este sentido, la sentencia
del Tribunal Constitucional 176/1996, de 11 de noviembre, señaló que “este Tribunal carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo”.

Más sobre el arbitraje:

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Como pedir el nuevo DNI electronico?

Como puedo pedir el nuevo DNI electronico de España?

CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO.

El ciudadano que solicite por primera vez una CITA PREVIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO y, por tanto, los certificados electrónicos asociados, deberá enviar por fax los siguientes documentos:

DNI anterior. (frente y detras)

En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, Certificado de empadronamiento (la validez de este documento es de 3 meses a partir de la fecha de su expedición).

Numero de telefono o Correo electrónico (e-mail)

91 14 14 245
Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentaciуn de los documentos necesarios.

La entrega del Documento Nacional de Identidad y de los certificados asociados se realizará personalmente a su titular en la misma jornada en que solicite su expedición.

Finalizada la fase de gestión documental y la personalización física de la tarjeta, comienza la fase de personalización lógica con la carga de datos en el chip de la tarjeta soporte. La generación de claves se realizará, en la tarjeta y en presencia del titular, tras la habilitación de un PIN aleatorio que se entrega en un sobre ciego.

Proceso de expedición

• Dónde y cómo se expide. Proceso en un solo paso:

El DNI electrónico se expide en los centros en los que actualmente se está realizando (equipos de expedición y equipos móviles)

El DNI electrónico se expide en un solo acto administrativo, es decir en una sola visita al centro de expedición.

• Qué hace falta llevar.

Para solicitar la primera expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:

Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente o, en su caso, Certificado de inscripción de la nacionalidad española. A estos efectos únicamente serбn admitidas las certificaciones expedidas con una antelación máxima de tres meses a la fecha de presentaciуn de la solicitud de expedición del Documento Nacional de Identidad.

Dos fotografías recientes en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme claro liso, tomadas de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificaciуn de la persona.

En caso de cambio de domicilio, respecto del que figure en el Documento anterior, Certificado de empadronamiento (la validez de este documento es de 3 meses a partir de la fecha de su expedición).

En caso de variación de datos de filiación, Certificado del Registro Civil.

El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado, que será expedido en la forma y con los requisitos indicados para la renovación. El DNI anterior.

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para administrar la justicia. En efecto, el artículo 117.1 de la CE dispone que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. La dicción literal de esta norma parece
reservar la administración de justicia a los jueces y magistrados. Y esta misma impresión puede obtenerse cuando, en sede de “derechos fundamentales y libertadas públicas”, se configura en el artículo 24.1 de la CE el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos como un derecho fundamental que sólo puede obtenerse de “los jueces y tribunales”.

Sin embargo, si de la Constitución descendemos a la legalidad ordinaria y tenemos
a la vista la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, no existe
la más mínima duda de que el arbitraje es un medio de solución de controversias
jurídicas y, consiguientemente, de que está incardinado en nuestro sistema de
administración de justicia. Ante esta situación, la primera pregunta que se plantea
es si existe alguna vía a través de la cual se puede incardinar el arbitraje en nuestro
sistema constitucional de administrar justicia.

Desde luego, en la tradición constitucional española hay ejemplos de mención
expresa del arbitraje como mecanismo de solución de controversias jurídicas entre
los ciudadanos. Así sucedió, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz de 1812, en
la cual, después de declarar en su artículo 4 que “La Nación está obligada a
conservar y proteger las leyes sabias y justas”, se establecía en su artículo 280
que “No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias
por medio de jueces árbitros, elegidos por las partes”, añadiendo en el artículo
281 que “la sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer
el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar”.

Por otra parte, la expresa configuración del derecho fundamental a la tutela
efectiva como un derecho obtenible a través de la vía judicial, plantea la cuestión
de si no cabe hablar, aunque sea de manera indirecta, de un “derecho fundamental
a la tutela arbitral efectiva”. Veamos las dos cuestiones.
EL ARBITRAJE EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Si se lee con atención el artículo 117.1 de la CE, se comprueba que, si bien dice con
claridad que corresponde a los jueces y magistrados ejercer en exclusiva la función
jurisdiccional del Estado, lo que no dice es que la función de administrar justicia
solo puede realizarse a través de los jueces y magistrados. La vigente Ley de
Arbitraje configura el arbitraje como medio de solución de controversias jurídicas,
y, por tanto, como una vía legalmente habilitada de administración
de justicia. Lo cual obliga a preguntarse si existe un precepto de la Constitución
a través del cual se pueda incardinar el arbitraje en nuestro sistema constitucional
de administración de justicia.

Ver tambien el Arbitraje como Derecho

España: Como hacer una declaración de herederos

Como hacer una declaración de herederos en España?

Muchas personas, ante un caso de sucesión, se preguntan cómo pueden llevar a cabo una declaración de herederos.

En España,  existen dos vías, en función de la relación y parentesco existente con el difunto: Trámites a realizar por los herderos forzosos del fallecido (cónyuge viudo, descendientes directos y, a falta de los anteriores, los padres del fallecido): Deben presentarse ante Notario Público para que éste levante lo que se denomina un “Acta de notoriedad”. ¿Ante qué Notario hay que acudir?
El Notario competente para autorizar el acta de notoriedad será cualquiera de los existentes en la población donde el difunto tuviera su último domicilio en España.
De no haber tenido nunca domicilio en España, será competente el Notario correspondiente al lugar de su fallecimiento y, si hubiere fallecido fuera de España, el del lugar donde tuviere la parte más importante de sus bienes o de sus cuentas corrientes. ¿Cómo se puede acreditar cuál fue el último domicilio del difunto?: El último domicilio del difunto se acreditará preferentemente mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) o por otros medios de prueba admitidos en Derecho (por ejemplo: certificado de empadronamiento). ¿Qué documentación hay que presentar al Notario?: Cuando la declaración de herederos se hace en la Notaría, los documentos necesarios son los siguientes:
a) Certificado de defunción. b) Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, que acredite que no hay testamento. c) Certificado de nacimiento de los hijos del fallecido. d) Certificado de defunción de los hijos que hubiesen muerto. e) Certificado de matrimonio del fallecido. f) DNI del fallecido o, en su defecto, certificado de empadronamiento del fallecido, a fin de acreditar el domicilio habitual del mismo. Todos los certificados anteriormente mencionados (excepto el de empadronamiento) se pueden obtener a través de Internet en este mismo portal del Ministerio de Justicia. ¿Cuál ha de ser el contenido mínimo del Acta de Notoriedad?: En cuanto al contenido del Acta, en ella ha de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos testigos que aseveren la constatación de los hechos cuya declaración de notoriedad se pretende (en este caso, acreditar la condición de heredero). Ultimadas las anteriores diligencias, el Notario hará constar su juicio sobre si quedan acreditados los hechos en que se funda la declaración de herederos y, en caso afirmativo, declarará qué parientes del fallecido son los herederos. ¿A partir de qué momento puede expedir el Notario copia del Acta de notoriedad?: Una vez transcurridos veinte días hábiles desde la firma de la misma, el Notario ya puede expedir copia de la citada Acta y realizar la partición de la herencia. Trámites a realizar por parte de los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etc.).
En este caso, los parientes colaterales han de acudir al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del difunto para solicitar de dicho Juzgado que realice la declaración de herederos, siempre que éstos demuestren el parentesco y que no existen herederos forzosos.
La solicitud de declaración judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los Juzgados de Primera Instancia. Con el escrito que se presente al Juez, en el que se relatarán las circunstancias personales y familiares del fallecido, se ofrecerá información testifical, siendo necesario además presentar los siguientes documentos:
a) Certificado de defunción. b) Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, que acredite que no hay testamento. c) Certificado de nacimiento de los hijos del fallecido, en su caso. d) Certificado de defunción de los hijos, en su caso. e) Certificado de matrimonio del fallecido, en su caso. Dicha solicitud puede ser presentada por uno de los herederos en nombre de todos. Será obligatoria la intervención de abogado cuando el importe de los bienes de la herencia supere las 400.000 Ptas. (2400 Euros).
El Juez oirá a los testigos propuestos, con citación del Ministerio Fiscal y si estima justificados los hechos alegados dictará, a propuesta del Secretario Judicial, una resolución (concretamente, un auto) declarando herederos a los parientes más próximos con derecho a heredar.
En el caso de que el Juez o el Fiscal considerasen que cabe la posibilidad de que haya otros parientes con igual o mejor grado de parentesco con derecho a heredar, el Juez podrá ordenar la publicación de edictos anunciando la muerte del causante y los nombres y grado de parentesco de las personas que pretenden ser declarados herederos intestados. En tal caso, quienes se crean con derecho a la herencia deberán comparecer ante el Juez en el plazo de 30 días. En todo caso, el procedimiento finalizará con un auto en el que el Juez competente se pronunciará sobre quiénes son los herederos del fallecido, siendo ése el documento que permitirá llevar a cabo la partición y adjudicación de la herencia.

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